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Concesiones Integrales, usa cloro industrial que provoca cáncer para potabilizar el agua, acusa ex trabajador Soapap

El trabajador afirmó que esta situación es un factor importante para que Concesiones Integrales pierda la concesión.

Gabriela Hernández @MaGabrielaHdz

Como una forma de ahorrar en costos de operación, la empresa concesionaria del servicio de agua potable de Puebla ha optado por el uso de cloro industrial, que tiene un alto contenido de Mercurio, para potabilizar el líquido que suministra en la red, con lo que pone en riesgo la salud de los usuarios.

Lo anterior  fue denunciado por un grupo de ex trabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), encabezados por Manuel Bravo Bruno, quienes advirtieron que el uso de este material “de ínfima calidad” podría generar en los consumidores desde daños neurológicos, intestinales y en riñones, hasta problemas graves como cáncer.

Esta y otras irregularidades que ha cometido la concesionaria, advirtió Bravo con el apoyo de la organización Movimiento Antirreleccionista, sería suficiente para que el gobierno de Puebla procediera a cancelar el contrato que firmó para la privatización del servicio en diciembre de 2013.

El ex trabajador presentó una factura que fue filtrada por personal que labora en la empresa Concesiones Integrales en la que se demuestra que en septiembre de este año se adquirió hipoclorito de sodio a granel al 13 por ciento que tiene un precio un 30 por ciento más económico que el cloro de grado alimenticio  que debería emplearse para clorar el agua de uso doméstico.

Señaló que es posible que la empresa utilice este material desde hace más tiempo porque ya antes habían recibido denuncias de los empleados de la concesionaria que estaban molestos por la falta de ética de la empresa, ya que por ahorrarse dinero había cambiado los materiales que antes usaban para potabilizar el agua.

Explicó que además de gastar menos por el costo del cloro, al comprar este producto a granel, la empresa ahorra dinero en el traslado, porque en el caso de cloro de grado alimenticio requiere una transportación especializada, mientras que el de tipo industrial se traslada en contenedores.

“Como nadie supervisa, nadie vigila los procesos de cloración del agua, ahora que está privatizado el servicio, la política que aplica la empresa es ahorrar costos, sin importarles la salud de las personas”, expresó Bravo.

Cuando el servicio no estaba privatizado, explicó que había laboratorios independientes que se encargaban de monitorear de manera constante la calidad del agua que se distribuía en la red, sin embargo, en la actualidad es la propia empresa la que hace sus muestras de manera aleatoria, sin que haya una vigilancia ciudadana o independiente de los resultados.

Además de esto, el ex trabajador dijo que han confirmado que en lugar de sanear el agua de las descargas del drenaje, la empresa ha recurrido a un “by pass” para desviarlas y evitar que lleguen a la planta tratadora de residuos ubicada en la presa Valsequillo.

“Tenemos conocimiento”, indicó, “que así sin tratar la liberan al río y luego esa agua contaminada con residuos de rastros, hospitales, industrias, es la que usan los agricultores de la zona de Tepeaca para regar los cultivos”.

Esto a pesar de que a los usuarios del servicio se les cobra un 10 por ciento de consumo supuestamente por el pago de saneamiento del recurso, agregó.

Otro informe con el que cuentan por parte de los trabajadores en activo, dijo es que para ahorrar recursos, la empresa usa cal 70 por ciento de pureza para ablandar el agua, cuando tendría que usar una de grado 90 por ciento.

Estas irregularidades, apuntó Bravo Bruno, tendrían que ser suficientes para que el gobierno estatal decidiera la cancelación del contrato con la empresa Concesiones Integrales, sin que mediara sanción alguna.

Otras razones que ya se han conocido con anterioridad, agregó, se refieren al encarecimiento de las tarifas, así como a los cortes que aplica a los usuarios no sólo del suministro total del líquido, sino también del drenaje, lo cual es violatorio a los derechos humanos.

Aparte, apuntó que tienen informes de los trabajadores que aún laboran en el SOAPAP y en la propia empresa sufren de “terrorismo laboral”, así como de un exceso de carga de trabajo, a pesar de que la mayoría gana un salario mínimo.

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