ANC/Puebla., Pue.-  Fueron las cúpulas de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD, PT y MC  las que presionaron para que la denominada #leybala fuera modificada después de ser aprobada en la sesión plenaria extraordinaria del  19 de mayo del 2014  por el bloque aliancista (PAN, PRD Panal, y Compromiso por Puebla) con el aval del partido opositor el PRI   y al que se sumó el partido minoritario PSI a excepción del PT y MC, y una integrante del PVEM, revelaron fuentes internas del legislativo local.

Dicha ley que fue presentada por el ejecutivo estatal Rafael Moreno Valle Rosas y en cuya legislación en un inicio permitía el uso de armas de fuego lo que ocasionó el rechazo de activistas quienes pidieron  su derogación debido a que consideraron que dicho marco legal vulnera los derechos humanos y atraería una tragedia lo que sucedió dos meses después con la muerte del niño indígena, José Luis Tehuatlie Tamayo quien murió en una manifestación a manos de la policía que  lanzaban proyectiles a la población para dispersar con violencia la manifestación  para exigir  la devolución del registro civil.

Con el aval de la mayoría de los partidos políticos dicha ley fue aprobada en fast track en menos de tres días,  sin análisis profundo,  sin modificar el uso de armas de fuego, lo que de acuerdo a lo que informó la fuente cercana, inconformó a las cúpulas partidistas quienes presionaron para que fuera modificada debido a que se violaría el acuerdo previo.

Y es que de acuerdo a lo que se explicó por parte de la fuente, quien pidió la gracia del anonimato por obvias razones dicha ley fue enviada por el ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto a varios estados en los que se incluía Puebla, Veracruz y Oaxaca  como una prueba para medir el impacto  con el fin de regular las manifestaciones en todo el país que iniciaban por la inconformidad contra el presidente de la República, se explicó.

Sin embargo el borrador  del que fue tomada de la iniciativa del ex secretario de Seguridad Pública de la gestión de Felipe Calderón, Genaro Luna García,  no incluía el uso de armas de fuego para disipar manifestaciones, acentúo de manera enfática la fuente al narrar lo sucedido.

Las modificaciones fueron hechas 72 horas, afirmó en la   entrevista que otorgó fuera de grabadora, luego de detallar que fue la presión ejercida por las cúpulas partidistas que hicieron llamadas al ejecutivo estatal el mismo lunes del 19 de mayo,  luego de la aprobación en fast track  en sesión extraordinaria a la que citaron los legisladores, expreso para la aprobación de dicha ley que además en su denominación se señala que protege los derechos humanos.

La fuente mencionó que en dichas llamadas exigieron que la ley publicada en el Periódico Oficial fuera bajada y modificada para no permitir el uso de armas como lo aprobaron los legisladores y cuyo dictamen subiría en su cuenta de la red social twitter, el diputado local panista, Franco Rodríguez  en la que se incluía y que posteriormente borró, situación que negó al ser cuestionado  por los medios de comunicación locales.

Y es que de acuerdo a lo que se reveló  la ley fue modificada de manera discrecional violentando el proceso legislativo, pues la ley pese a cambios en su artículo 46 el párrafo permitía el uso de armas para dispersar manifestaciones.

“No cumplieron los acuerdos establecidos, ese no había sido el acuerdo”, dijo.

De este modo detalló  que los partidos pidieron  varios días antes que la ley fuera abrogada pues los partidos consideraban que esta ley continuará generando inconformidad al interior de la sociedad poblana lo que les iba a afectar ante la cercanía de la elección federal.

Las fuentes confirmaron que dicha ley fue enviada a los correos de todos los legisladores el pasado viernes 16 de mayo, para ser aprobada el 19 de mayo en la sesión extraordinaria con el aval de 32 diputados y la oposición de los legisladoScreenshot_2014-08-15-18-40-36res del PT, MC y la diputada Geraldine Gonzáles del PVEM.

Hay que mencionar que dicha ley permanece sin modificarse pese a que después de los lamentables hechos el ejecutivo estatal poblano envió  una iniciativa  para abrogar la ley que de acuerdo a lo que han indicado diputados del PAN, y PRI no es necesario.