ANC.- Puebla., Pue.- A más de 6 meses de la muerte de su hijo, un niño indígena de 13 años,  por el impacto de una bala de goma en la cabeza, lanzada por un  policía antimotines en una manifestación el 9 de julio del 2014, la madre del menor Elia Tamayo, exige justicia; mientras sus habitantes permanecen a la sombra del acecho,  persecución, atropellos, hostigamiento y represión gubernamental.

Después del 9 de julio nada fue igual para los pobladores de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, una comunidad indígena  ubicada en el Municipio de Ocoyucan., Puebla.

Los habitantes de la Junta Auxiliar se manifestaron el pasado 9 de julio para exigir al gobierno del estado que les devolvieran la administración del registro civil que les fue retirada, esto después de las reformas a la  ley Orgánica municipal que fueron aprobadas por los grupos parlamentarios del PRI, PAN,  PRD en la pasada legislatura.

En dicha movilización los habitantes bloquearon la autopista y la carretera federal,  en el operativo fueron víctimas de la represión policiaca que utilizó la llamada #ley bala que regula la fuerza pública en manifestaciones, legislación que fue aprobada en el Congres poblano por los partidos del PAN, PRD y PRI junto con la chiquillada a excepción del PT y MC, en el legislativo local, ante la advertencia de activistas de sus nefastas repercusiones por el uso de armas no letales.

“Y no fueron unos pocos… fue un buen  numero; se les acosó por tierra y por aire, de acuerdo al testimonio de los pobladores fue alrededor de las 4 a 6 de la tarde en donde disparaban las balas de goma, por parte de la policía”, señaló el abogado y académico de la Buap, Arturo Rivera Pineda,  quien forma parte de la defensa de los pobladores  víctimas de la represión policiaca.

La manifestación

El abogado  narró en entrevista que el pasado 9 de julio día los pobladores de  San Bernardino Chalchihuapan iniciaron la manifestación desde las 10 de la mañana hasta antes de las 2 de la tarde y que fue conformada principalmente por mujeres niños y ancianos, debido a que los hombres  por ser día de tianguis, no se encontraban en la manifestación por lo que la concurrencia era poca.

Ese martes explicó la protesta se registró en dos tiempos el primero la represión de los granaderos hacia los pobladores y el enfrentamiento de los pobladores con  la policía, por la indignación que propicio la herida al menor y antes la persecución policiaca que disparo a  los pobladores en las partes prohibidas como la cabeza el toráx y piernas que dio el saldo de más de un centenar de heridos y 9 por el impacto de las balas de goma que en uno de los casos originó la pérdida de un ojo la pérdida de habla y la amputación  de un dedo en otro de los casos.

“Los cohetones son en respuesta a la lesión del niño fundamentalmente, porque ya para ese entonces lo que exacerbó la irritación fue precisamente el problema del menor (José Luis Tehuatlie). Aproximadamente a las 2:15 luego que el niño fue herido,  y fue cuando “dejan venir los varones y se  nutre el conflicto porque ya estaba la agresión del pequeño”, detalló.

Helicóptero lanza proyectiles químicos

El abogado afirmó que de acuerdo los videos, fotografías y testimonios, atraídos  por la defensa, los pobladores fueron reprimidos por más de 400 granaderos por tierra y  por aire con sustancias químicas, esto de acuerdo al investigación que realizó la defensa sobre los hechos ocurridos ese  fatídico 9 de julio.

“Alrededor de dos horas y media estuvo circulando un helicóptero, lanzando  una serie de proyectiles como gotas darditos y al estallar provocaba una irritación en el cuerpo de los que estaban próximos al lugar a donde hacía explosión el aparatito ese”.

Gobierno  acusa a pobladores de agresión y afirma que fue un cohetón lo que hirió al menor

En una rueda de prensa  que ofreció el procurador General de Justicia, Victor Carrancá Bourguet, 21 días después de la agresión al menor afirmó que lo que lo hirió en la cabeza se debió a la onda expansiva de un cohetón,  versión que rechazaron los integrantes de la defensa de la familia Tehuatlie,  que acusaron de la manipulación del cuerpo. Además de señalaron  que  amenazaron e intimidaron a la madre del niño para que avalara dicha versión.

“Yo solo pido justicia a Moreno Valle”,  externó Elia Tamayo al mandatario estatal por la muerte de su hijo mayor a manos de la policía en la refriega en la que además  por los proyectiles fueron heridas otras 9 personas que una de ellas perdió un ojo y otra el habla y más de un centenar de lesionados.

Atrae el caso la CNDH

Tras lo hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la investigación  por la violación grave a los derechos humanos de los pobladores,  en cuya resolución, que encabeza el ex ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, dictaminó que la muerte del menor se debió a un proyectil lanzado por la policía estatal  que impacto al menor en la cabeza.

El organismo nacional, emitió 11 recomendaciones que acusan las victimas y activistas que fueron incumplidas y solo fue una simulación por parte del gobierno del estado debido a que mantuvo en sus cargos a Facundo Rosas  Rosas  y al procurador Víctor Carrancá y no las acató  para resarcir los daños.

El gobierno del estado despidió  a los mandos medios que realizaron el operativo y  de manera masiva a 400 policías entre los que se encontraban elementos que participaron en el desalojo violento de los habitantes en la comunidad.

Represión hacia los habitantes y la madre del niño

El pasado 18 de octubre del año pasado en la madrugada un grupo de granaderos irrumpió en los domicilios de habitantes de la comunidad que con lujo de violencia rompieron puertas y causaron destrozos, durante el operativo se llevaron a 5 habitantes detenidos de manera violenta, frente a sus familias.

“Les valió que tenia a mi bebé… que le pasará algo… se llevaron a mi esposo… Yo les decía que es lo que quieren… se lo llevaron y a mí me apuntaban con la pistola… me dio miedo y no supe que hacer, sólo vi la camioneta a donde lo subieron. Rompieron vidrios, puertas lo que sea y no tenían una orden nada”, externaba trastornada la esposa de uno de los detenidos quien pedía a las autoridades su liberación.

Las mujeres señalaron que las fotografías que exhibían las autoridades no correspondían a la identidad de sus maridos.

Después de estos hechos los pobladores se turnaban para hacer guardias y no ser sorprendidos ante las amenazas de más detenciones en su contra,  sin embargo el pasado 21 de noviembre en la madrugada más de 100 granaderos aprehendieron al edil auxiliar de esa comunidad, San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes  a quien la PGJ le imputaría los delitos de delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

“Lo único que le digo al gobernador es que acaba de encender la llama más grande de lo que estaba, que no piense que le tengo miedo, que aquí estoy de frente, y estoy fuerte”, reto la madre del edil preso en el Cereso de San Miguel.

Elia Tamayo fue sacada del evento internacional de Derechos de  la infancia

El pasado 13 de noviembre personal del gobierno del estado, corrió del Encuentro Mundial de  Derechos de la Infancia a  Elia Tamayo, madre del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo.

Al tratar de ingresar al evento personal del gobierno del estado la sacó del evento, cuando se percataron de su presencia.

En respuesta, activistas de organizaciones de derechos de la Infancia de España, Argentina, Venezuela, Colombia y Alemania se solidarizaron con ella y denunciaron los hechos y en las conclusiones del foro, dos adolescentes pidieron a las autoridades el esclarecimiento de  la muerte del niño a manos de la policía estatal.

Denunciarán ante la PGJ al gobernador por homicidio

El representante de  la defensa de la familia del niño y de los pobladores detenidos, el académico y abogado Arturo Rivera Pineda, afirmó que preparan denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, (PGJ) en contra del mandatario estatal Rafael Moreno Valle Rosas y Facundo Rosas Rosas, por el delito por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

El abogado señaló que el gobernador utiliza la intimidación para frenar las manifestaciones para controlar la población, pero no se percata que la población está harta y le ha perdido el miedo al gobierno.

“Va  a ver denuncia en contra del gobernador, estamos firmes en solicitar Juicio Político en su contra (ante el senado) La conducta del gobernador es falaz, se congratula de la investigación por Iguala el señor nada más ve el patio ajeno que vea cómo está el suyo. Estamos en la pretensión de ir por él. Puebla no se merece esto”, señaló.

De igual forma dijo analizan la posibilidad de presentar otra denuncia ante la PGR por la adquisición de las balas de goma que insisten fueron utilizadas en el operativo, donde además reprimieron los policías estatales a la población con  lanzaderas de gas lacrimógeno.