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“Las víctimas no hemos tenido acceso a la justicia”, dice Elia Tamayo en una misiva dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que pide información del avance en el cumplimiento de la recomendación girada al gobierno estatal por violaciones graves ocurridas en San Bernardino Chalchihuapan donde  fue asesinado su hijo a manos de policías que trataban de dispersar una manifestación.

En la carta dirigida a Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador de la CNDH, Elia  deja ver que a la fecha se le ha negado el status que guarda el expediente  2VG/2014 que se emitió el 11 de septiembre de 2014, y pide conocer los montos de reparación del daño y los criterios con que se fijaron; si existen más órdenes de aprehensión para pobladores de la junta auxiliar; la sanción al entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas,  y cuáles han sido los funcionarios con alguna responsabilidad por lo sucedido.

El escrito girado por el Centro de Defensa y Difusión de los Derechos Humanos José Luis  Alberto Tlehuatle Tamayo precisa que otras víctimas han solicitado además conocer cuál será el procedimiento a seguir en caso que el gobernador del estado Rafael Moreno Valle termine su sexenio y no quede cumplida la recomendación.

En la carta Elia refiere que este desconocimiento del status que guarda la recomendación vulnera su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, no sólo en lo económico sino en la no repetición del hecho y en la satisfacción. “A todas las víctimas de este caso no sabemos qué sucedió o como se cumplió con la recomendación”, señala

Aparte de los aspectos mencionados, la carta solicita, textualmente:

“En lo tocante al punto tercero, la suscrita manifieste en su momento que no estaba de acuerdo con la cantidad que se me fijo para compensar en forma de reparar el daño; el Sr. Martín______, también agraviado, dijo que no estaba de acuerdo con la cantidad que se le fijo. La duda que  me surge es cuáles fueron los elementos que se consideraron para la fijación de la cantidad, como se aplicó el estándar internacional en este caso. Los demás compañeros víctimas, porque a ellos no se les reconsideró las cantidades que les fijaron y entregaron?

“En lo que se refiere a los puntos cuarto y quinto, debemos recordar que un derecho vulnerado y que hace patente a la recomendación, fue el de la libre manifestación de las ideas (libertad de reunión). En este sentido, queremos saber el área creada en gobierno del estado para “…la tensión de esos requerimientos que privilegian el dialogo y el respeto a los derechos humanos…”,quien la ocupa, que trayectoria tiene esa persona, que formación tiene, a quien le reporta, que facultades tiene legalmente para atender problemas sociales. No puede ser una área de mera atención y gestión, sino que debe tener capacidad de solución de conflicto social. Queremos saber, además, en que consiste el protocolo para la atención de demandas sociales, como y quien lo creó. 

“Respecto al punto sexto en el acto de disculpa pública queremos saber que va a pasar con los compañeros victimas que no estuvieron presentes, por cualquier circunstancia, ya que el acto de disculpa pública es el primer término dirigido a las víctimas”.

La misiva concluye aseverando que “ conocer esta información permitirá a las víctimas de este caso, conocer la verdad, qué sucedió, saber que se responsabilizó a gente del estado y que no se repetirán casos como este, en que perdió la vida mi menor hijo y muchos de mis compañeros resultaron lesionados. Independientemente de que se haya dictado sentencia condenatoria a los policías que dispararon es necesario saber los demás delitos para la investigación, de los demás servidores públicos implicados. De otra manera, se hace nugatorio el acceso a la justicia, la cual es para mi pueblo San Bernardino Chalchihuapan”

Con información de E-Consulta.