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Emite CNDH medidas cautelares a gobierno federal por consulta de termoeléctrica

Así lo indicó el organismo en un comunicado tras el asesinato del líder opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la situación que prevalece en la zona
donde se proyecta operar la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, existen
elementos suficientes de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá
salvaguardar la protección de los derechos a la vida, seguridad, e integridad personal,
mediante la implementación de medidas cautelares en favor de los miembros de las
comunidades indígenas y pueblos originarios donde impactará la construcción de dicha
termoeléctrica. se indicó.

Redacción @Antena21noticia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas
instituciones y dependencias federales, así como al Gobierno de Morelos, a quienes formuló
un respetuoso llamado para que establezcan mesas de diálogo y negociación en que se
pondere y reflexione sobre las condiciones para la realización de la consulta a los integrantes
de pueblos originarios y comunidades indígenas que residen en los municipios en que podría
operar la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, así como para que se realicen
los procedimientos previos para que la consulta sea previa, libre, informada, culturalmente
adecuada y de buena fe, y cuente con los estándares nacionales e internacionales en la
materia.
De igual manera, la CNDH subraya que no se opone a la realización de los proyectos de
desarrollo, siempre y cuando respeten los derechos y prevean no vulnerar las prerrogativas de
quienes pudieran resultar afectados por los mismos.
La emisión de tales medidas obedece a que la Secretaría de Energía (SENER), Subsecretaría
de Derechos Humanos de la SEGOB, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), y el Gobierno del Estado de Morelos, quienes han programado la realización de una
consulta pública para los próximos días 23 y 24 de febrero para determinar la viabilidad de la
planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, sin que hasta el momento –de acuerdo
con testimonios de los pobladores— se haya otorgado a todas las comunidades la información
suficiente y oportuna sobre el impacto que ese Proyecto pudiera representar para la salud, el
medio ambiente y las condiciones de vida de esas comunidades.
Cabe señalar que ayer, martes 19 de febrero, integrantes de distintos pueblos originarios de
los estados de Tlaxcala, Morelos y Puebla fueron atendidos en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, donde manifestaron que ante la falta de información integral sobre la
operatividad y viabilidad del proyecto se ha configurado un clima de hostilidad en las
comunidades por la existencia de grupos antagónicos o provocadores y, sobre todo, ante los
riesgos inminentes que dicha consulta traería, ya que se pretende avalar la implementación
del proyecto sobre un área de origen volcánico y de alta sismicidad.

Los pobladores solicitantes de esta medida cautelar indicaron también que la consulta
pretende realizarse sin que hasta el momento se les otorgue información oportuna respecto
del impacto del proyecto, mismo que puede representar riesgos a su integridad, salud, medio
ambiente y condiciones de vida.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la situación que prevalece en la zona
donde se proyecta operar la planta termoeléctrica del “Proyecto Integral Morelos”, existen
elementos suficientes de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá
salvaguardar la protección de los derechos a la vida, seguridad, e integridad personal,
mediante la implementación de medidas cautelares en favor de los miembros de las
comunidades indígenas y pueblos originarios donde impactará la construcción de dicha
termoeléctrica.
Cabe precisar que la adopción de las presentes medidas tiene como finalidad coadyuvar de
manera preventiva con las autoridades en la solución de una situación de conflicto. Por lo
tanto, éstas no implican prejuzgamiento alguno sobre los hechos, sino la posibilidad de brindar
elementos que generen acciones que impidan la vulneración de la integridad de las personas,
así como de sus derechos colectivos.

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