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Barbarie en la Mixteca permitida por omisión del gobierno, los protocolos no son efectivos: CNDH

Hay una fragilidad del estado de Derecho en Puebla, por los linchamientos que se han registrado de manera reiterada,  señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en el caso de Cohuecán y Tepexco el menor de edad Orlando N, era inocente.

Tras el linchamiento múltiple en  Cohuecán y Tepexco con el saldo de 7 personas linchadas por presuntamente  ser parte de una banda que secuestro a un ganadero el pasado jueves, el menor de 16 años. Orlando N. uno de los linchados por la población enardecida, señalado por ser presuntamente parte de la banda,   era inocente junto con Julio N. y otra personas identificada cómo  su patrón. Ante el hecho la Fiscalía  General de Justicia en voz del encargado de despacho,  Gilberto Higuera calla y dice que están investigando.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó los linchamientos ocurridos ayer en el estado de Puebla, donde siete personas fueron privadas de la vida por pobladores de Cohuecan y Tepexco, Puebla, acusados de secuestrar a un vecino de la comunidad. Este Organismo Nacional reiteró que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia sino barbarie”, publicó en la recomendación emitida este día.

Marisol  Córdoba

El pasado jueves el Secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto por la tarde a las 19 horas ofreció una rueda de prensa para hablar sobre el linchamiento múltiple ocurrido en la Mixteca poblana en los municipios de Cohuecán y Tepexco, con el saldo en ese momento de 5 personas linchadas,  en la conferencia se informó que las personas linchadas presuntamente secuestraron a un ganadero y eso detonó el enojo de los pobladores quienes se encontraban armados, hostíles y se negaron al diálogo que  pese aplicar el protocolo les “impidieron” actuar.

Sin embargo; de acuerdo a la investigación que realizó el Sol de Puebla, el menor de 16 años, Orlando N, era trabajador junto con otro, Julio N y una más que era su patrón, fueron colgados y lapidados por la  población quienes, pese al despliegue de la Guardia Nacional, mientras se ofrecía la rueda de prensa, lincharon a otros dos, cuyos cadáveres no habían sido entregados por los lugareños  por la desaparición de un poblador.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió a 8 días de la llegada del nuevo gobierno encabezado por Luis Miguel Babosa Huerta un exhorto por el linchamiento múltiple ocurrido el pasado jueves en la Mixteca poblana, señaló que hubo omisión por parte de las autoridades para detener los linchamientos de  las 7 personas, por la turba enardecida, los protocolos no fueron efectivos, afirmó.

“El Organismo Nacional rechaza tales actos, demanda justicia para las familias de las víctimas,mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables de las ejecuciones, para que sean castigados de acuerdo con la ley y no se permita la impunidad. Además, exige se deslinden las responsabilidades en que pudieran haber incurrido las
diferentes autoridades que presenciaron estos hechos y no consiguieron evitar que se privara de la vida a las personas”, señaló en el comunicado.

En tal sentido al dependencia señaló que tales actos en Puebla en los que los linchamientos se han mostrado de manera reiterada  demuesra la fragilidad del estado.

“Para la CNDH el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla, muestra la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas”, señaló.

De esta manera pidió al gobierno del estado que se adopten las medidas necesarias para que se detecten los casos y se eviten los riesgos  y se ejerza una justicia por propia mano  y la barbarie así como el que se establezcan protocolos de seguridad  efectivos.

Este Organismo Nacional reitera un llamado a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano. Es preciso que tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que en ocasiones anteriores han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa
debidamente para controlarlas; esta actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, aseveró en el comunicado.

 

 

 

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