• vie. Ago 20th, 2021

Antena 21

Periodismo Independiente

Activistas reclaman a Barbosa justicia por presos políticos, pida perdón a victimas del morenovallismo y castigo a los responsables, entre ellos Carrancá

Además de que el gobierno pueda resarcir los daños causados a los afectados

Marisol Córdoba @solmari676

El  Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, que encabeza la académica Carolina González Barranco, reclamaron  justicia,  al gobernador ,  Luis Miguel BarbosaHuerta a los perseguidos políticos,  encarcelados y reprimidos durante  las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas  y Tony Gali Fayad por quienes reclamaron haya justicia.

En su posicionamiento le exigieron al mandatario estatal pida perdón a las víctímas  de los atropellos, el castigo a los autores de la represión  y el resarcimiento de los daños

“Pedimos  Castigo para los autores de la represión política, a sus operadores y cómplices, pues en tanto esto
no ocurra, el acceso a la Justicia será solo discurso un inocuo e inicuo. Petición de perdón a las víctimas de estos atropellos por parte del Ejecutivo estatal;  Resarcimiento a los daños causados por la acción estatal a los afectados”, señaló González Barranco.

De esta manera exigieron al nuevo gobierno la rradicación de todas aquellas prácticas ligadas al autoritarismo, la represión social y la sujeción de las instituciones ligadas a la procuración e impartición de justicia que funcionaron como “garrote político” al servicio de intereses particulares en detrimento personal y comunitario de todos aquellos que se atrevieron a disentir.

En rueda de prensa este domingo señalaron que los ex gobernadores en sus administraciones se registró una de las ofensivas violaciones de los más elementales derechos humanos contra los presos políticos, incluso hasta la privación de la vida.

A continuación la carta dirigida al mandatario estatal:

LIC. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PRESENTE.
Una de las muchas deudas que dejaron pendientes las gestiones de gobierno que encabezaron Rafael
Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad para la vida social de Puebla, es la de las ofensivas
violaciones de los más elementales derechos humanos de todas aquellas personas que se vieron
agraviadas con la persecución política, la prisión sin motivo y hasta la privación de la vida. Más de 360
personas sufrieron estas vejaciones, por lo que hoy se reclama de parte del Estado justicia para todos
ellos y sus deudos.

Este es un reclamo retomado por el Comité para la Libertad y Contra la Represión Política en Puebla,
surgido durante el gobierno de Moreno Valle para visibilizar la magnitud y la gravedad del problema de
la violenta e ilegal represión a quienes protestaron contra las medidas de ese gobierno; tales como
aquellos que escribieron consignas en la redes sociales, los que protestaron porque se suprimieron
sus rutas de transporte, los campesinos que reclamaron el respeto a sus propiedades, los estudiantes
activos en la lucha social, los mototaxistas demandantes de trabajo, los habitantes de las juntas
auxiliares rexigiendo la devolución de su servicio de registro civil y otros, desaparecidos por el
gobernador para centralizar los ingresos, cuyo episodio más dramático fue la brutal represión policíaca
en el pueblo de Chalchihuapan que produjo la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo.

Así cómo,  las graves lesiones a media docena de lugareños; y la prisión de luchadores sociales y defensores del
medio ambiente, destacándose entre ellos Rubén Sarabia “Simitrio”, hijos suyos y compañeros de la
organización, y Francisco Castillo Montemayor, por oponerse a la venta del parque Flor del Bosque.

Además de sumarse los asesinatos de Antonio Esteban Cruz acaecido en 2014, en Cuetzalan., quien
fuera integrante del Miocup-Cnpamn, Manuel Gaspar Rodríguez asesinado en mayo de 2018
integrante de la misma organización que Estaban Cruz denunciado junto a los compañeros de
Tosepan por oponerse a obra de CFE, además deAdrián Tilihuit asesinado en mayo de 2018.
Se suma Sergio Rivera Hernández, desaparecido en agosto de 2018 en la Sierra Negra de Puebla,
formaba parte del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atlzalá, y miembro del movimiento agrario indígena zapatista (MAÍZ).

Ninguna ley ni reglamento justificó las detenciones y la represión sin miramientos que Moreno Valle
ordenó a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y otros funcionarios públicos que actuaron de
manera factual bajo el cobijo del poder estatal, pero por completo al margen de la legalidad. Esto se
demostró a la postre en todos y cada uno de los casos en los que las víctimas se defendieron ante la
justicia federal.

Si bien es cierto que Rafael Moreno Valle Rosas ha muerto, lo mismo que Luis Maldonado Villegas, en
algún momento secretario de Gobierno y cómplice de estos hechos, hay todavía en vida responsables
bien identificados. Hay que empezar por el fiscal con permiso, Víctor Carrancá Bourget, operador de la
mayor parte de los atropellos; los y las jueces y agentes del Ministerio Público que intervinieron; y
hasta policías que actuaron con singular crueldad y al margen de la Ley. En menester enlistar de
manera completa a todos aquellos que incurrieron en estos hechos represivos, para que sean
juzgados y sancionados por la justicia verdadera. No por un afán de venganza, sino el de combate
efectivo a la impunidad, el peor de los males de la llamada justicia mexicana.

Para este Comité resulta prioritario que en el Estado se garantice la erradicación de todas aquellas
prácticas ligadas al autoritarismo, la represión social y la sujeción de las instituciones ligadas a la
procuración e impartición de justicia que funcionaron como “garrote político” al servicio de intereses
particulares en detrimento personal y comunitario de todos aquellos que se atrevieron a disentir.
En este contexto, es pertinente citar el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien en su
momento documentó una red de prostitución infantil donde uno de los protagonista fue Kamel Nacif
Borge, quien a su vez se cobijó en el entonces gobernador Mario Marín Torres para dar un
“escarmiento” a la comunicadora; lo que ocurrió después es del conocimiento público.

El caso Cacho Ribeiro ha cobrado vigencia en los últimos meses, pues en él se resumen todas aquellas
consecuencias a las cuales las víctimas quedan expuestas si los autores intelectuales y materiales
siguen actuando en medio de la impunidad. Lydia no solo no ha logrado que exista justicia para aquellos momentos humillantes que vivió, sino que a raíz de las atrocidades cometidas en su domicilio
el pasado 21 de julio del presente, ella ha tenido que huir del país para proteger su vida y su
integridad.

El mensaje es muy claro; si no existe justicia real, el victimario puede orillar a la víctima a vivir en una
situación de constante vulnerabilidad e incluso replicar sus acciones en virtud de que nunca existe una
consecuencia contundente que pueda frenarlo. De ahí la importancia no solo de condenar los hechos,
sino de garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir. Es así como siendo parte de la sociedad y de
aquellos que han sido vejados, es importante hacernos algunas preguntas. ¿De qué forma el gobierno
actual podría asegurar que lo vivido durante el morenovallismo y su sucesor no volverá a ocurrir?
¿Una disculpa pública resarciría todo aquello que los ciudadanos ultrajados vivieron? ¿Sería
suficiente? ¿El gobierno actual buscará alguna forma de resarcir los daños que presos, procesados y
perseguidos sufrieron? ¿Existe algún mecanismo para restablecer la salud mermada, la angustia para
conseguir recursos económicos, la estabilidad emocional de los imputados, su familia y su círculo más
cercano? ¿Existe algo que pueda regresar los minutos y segundos de vida perdidos en la prisión o la
huida? ¿Cómo se regresa la vida de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, Delfino Flores Melga, Antonio
Víctor Montes Contreras o Meztli Sarabia Reyna?

Asimismo ¿Qué podrá sentir el expresidiario, el procesado, el perseguido, el familiar de aquellos que
han perdido la vida, al ver que aquellos autores intelectuales y/o materiales siguen desempeñando sus
funciones tan tranquilos y como si nada hubiese pasado? Esa es clara señal que hechos como los que
ellos vivieron se pueden repetir pues los perpetradores siguen en sus cargos públicos. Lo mínimo que
habría de esperarse no solo es el cese de sus funciones, sino que rindan cuentas de sus acciones y
respondan de las consecuencias que de ellas se derivaron. Las leyes establecen obligaciones para
todos, incluyendo a los servidores públicos; nadie está exento de su observancia y cumplimiento;
Puebla no puede quedar condenada a vivir en medio de una utilización arbitraria de la ley y por tanto a
una impunidad eterna.

Contra toda ética profesional y actuando arbitrariamente pervirtieron el sentido mismo y las finalidades
que se buscan con la procuración e impartición de la justicia personajes bien identificados: Víctor
Antonio Carrancá Bourguet, Roberto Flores Toledano, funcionarios de la Secretaría General de
Gobierno, jueces y agentes del ministerio público y espías políticos son algunos. Y es aquí donde
debe hacerse un alto y plantear no solo su destitución y rendición de cuentas, sino que afronten las
consecuencias legales de sus acciones ilegítimas al haber hecho uso despótico tanto del poder que
ostentaban, como de la perversión de la ley para espiar, fabricar delitos, reprimir, amenazar, enviar a
prisión a inocentes, quitando toda legitimación a la actuación del Estado. Habiendo resultado absueltos
el grueso de los presos y procesados políticos, quedó demostrado con hechos que la ley fue
violentada para reprimir y hacer a un lado a quienes aquellos gobernantes consideraban sus
enemigos; enemigos de sus inversiones personales revestidas de proyectos del estado.

No puede olvidarse la opinión que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, #65/2017 hizo
al Estado Mexicano y al Estado de Puebla en lo particular, señalando los abusos de poder cometidos
contra la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.
Por estas razones, este Comité exhorta a todas aquellas personas que sufrieron persecución, prisión
injusta, ciudadanos con procesos vigentes, perseguidos y todos aquellos que hayan sentido que sus
derechos fueron vulnerados, para que inicien acciones legales contra quienes resulten responsables
en la fabricación de sus procesos y la ejecución de las acciones que de ellas derivaron.
Porque todo ciudadano merece acceso a la Justicia, exigimos:
1.- Castigo para los autores de la represión política, a sus operadores y cómplices, pues en tanto esto
no ocurra, el acceso a la Justicia será solo discurso un inocuo e inicuo;
2.- Petición de perdón a las víctimas de estos atropellos por parte del Ejecutivo estatal;
3.- Resarcimiento a los daños causados por la acción estatal a los afectados.
Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla

Foto. El Sol de Puebla

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