/Opinión: Historia de un latifundio (la Hacienda de San Bartolo Coatepec)

Opinión: Historia de un latifundio (la Hacienda de San Bartolo Coatepec)

Alberto Peralta Merino

PROEMIO

El 28 de junio de 1920 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de Tierras Ociosas” , disposición que en su artículo segundo atribuía a los municipios la facultad de entregar a cualquier solicitante de tierras vía arrendamiento o aparcería, aquellas que a juicio de las referidas autoridades fuesen consideradas ociosas, sin que al respecto fuese motivo alguno de consideración condición alguna por parte de los beneficiarios, y ni siquiera el hecho mismo de que los solicitantes fuesen o no vecinos de la localidad en cuestión.

La Ley de Tierras Ociosas se constituía así en una disposición federal que asignaba atribuciones directamente a los municipios de la República vulnerando la autonomía de las entidades federativas en clara contravención de los artículos 103 fracción II y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, la referida ley establecía en su artículo 13 la negativa a que los propietarios de las tierras ocupadas recibieran cualquier clase de indemnización derivada de la ocupación respectiva, en clara contravención a lo ordenado por el párrafo segundo del artículo 27 Constitucional.

La “ Ley de Tierras Ociosas”, resultaba por lo demás, amén de inconstitucional, una aberración agronómica monumental al no hacer salvedad alguna respecto a los predios susceptibles de ser entregados en arrendamiento o aparcería, atendiendo a que uno de los métodos de conservación de la vocación agrícola del suelo , conocido desde los tiempos del “Levítico”, consiste, precisamente, en permitir el descanso de la tierra.

De conformidad con el artículo 17 del referido ordenamiento, los ayuntamientos estaban obligados a llevar un registro de las operaciones realizadas en cumplimiento del mismo, de donde sabemos que el 15 de octubre de 1929, el H. Ayuntamiento de San Francisco Totimehuacán concedió a los habitantes de la localidad 250 hectáreas correspondientes a la primera fracción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec propiedad de la sucesión de Guillermo Hinzpeter.

El 23 de julio de 1929 los aparceros en cuestión solicitaron al Gobernador del Estado les fueran dotadas las tierras que habían recibido del ayuntamiento de san Francisco Totemehuacán, señalando en su solicitud , únicamente a la referida porción como predio susceptible de afectación.

Leonides Adrew Almazán, a la sazón Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, emitió el 11 de junio de 1930 la Resolución Provisional de Dotación de tierras a favor del Ejido de Guadalupe, afectando 205 hectáreas de la Hacienda de San Bartolo Coatepec pertenecientes a la sucesión de Guillermo Hinzpeter.

Almazán deja constancia, mediante oficio de fecha 21 de agosto de 1930, de dos circunstancias dignas de tomarse en consideración:

La primera de ellas es que las 205 hectáreas afectadas mediante la Resolución de Dotación Provisional de fecha 11 de junio de 1930 se encontraban comprendidas dentro de las 250 hectáreas entregadas en aparcería por el ayuntamiento de Totimehuacán a los solicitantes respectivos mediante el contrato de fecha 15 de octubre de 1929.

La segunda es que la dotación en cuestión fue otorgada a solicitantes que se encontraban ya en posesión de una porción considerable de la superficie afectada en virtud del referido contrato de fecha 15 de octubre de 1929.

El procedimiento agrario de Dotación Provisional se habría iniciado el 23 de julio de 1929, dándosele seguimiento procesal a la solicitud conducentes en los términos de la ley agraria del 11 de agosto de 1927 que carecía de toda aplicabilidad en la especie , ya que la misma había sido expresamente derogada en virtud de la entrada en vigor de la “Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas” del 21 de marzo de 1929.

El Ejido de Guadalupe quedó constituido mediato la Resolución Presidencial Definitiva del 26 de junio de 1931, resolución que asiente falazmente en su resultando primero, que la solicitud de tierras en cuestión habría sido interpuesta y tramitada con fundamento en la “ Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas” del 21 de marzo de 1929.

El resultando primero de la Resolución de Dotación Definitiva constitutiva del ejido de Guadalupe de fecha 26 de junio de 1931, señala que la ley aplicable a sus puntos resolutivos es la ya referida ley del 21 de marzo de 1929 con fundamento en los artículos 134 y 135 de la misma , señalándose que el expediente de dotación de tierras en cuestión comenzó el 23 de julio de 1929 “con fundamento en el artículo 13 de la Ley vigente”, situación falsa a todas vistas.

Resultando digno de aclarase por lo demás, el hecho de que aun cuando la ley del 21 de marzo de 1929 no estableciese plazo de entrada en vigor o “vacatio legis”, siguiendo la regla que al efecto se contempla en el artículo 4° de Código Civil Federal para que un decreto publicado en el Diario Oficial entre en vigor , mismo que determina un plazo de un día por cada 40 kilómetros de distancia a partir de la Ciudad de México como centro; para el 23 de julio de 1929, fecha en que se presentó la solicitud de dotación de tierras al Gobernado de Puebla, la ley del 21 de marzo ya había entrado en vigor y habría quedado derogada por lo consiguiente la Ley Agraria del 11 de agosto de 1927.

La Ley del 27 de abril de 1927 redactada de puño y letra por Don Narciso Bassols, fue reformada el 19 de mayo de ese mismo año y derogada por la Ley del 11 de agosto, bajo la cual, los aparceros de San Bartolo tramitaron se les dotara una porción considerable del predio que les había sido entregado en posesión por el Ayuntamiento de Totimehuacán el 15 de octubre de 1929 bajo los lineamientos y disposiciones de la “Ley de Tierras Ociosas”.

Tenemos así que entre el 27 de abril de 1927 y el 21 de marzo de 1929 se expidieron en el país tres leyes agrarias y dos decretos de reformas a las mismas, y si hemos de encontrar una explicación satisfactoria ante tal vorágine legislativa , habría que buscarla en el testimonio de un hombre clave en la vida de México en aquellos tiempos y concretamente en los avatares de las luchas agrarias de la época como lo fuera el propio Narciso Bassols:

“Es muy probable que la Ley ( del 27 de abril de 1927) no llegue a aplicarse, ya porque se le derogue en término breve, ya por que sin derogarla íntegramente se recurra al procedimiento de introducir reformas que alteren sustancialmente su contenido y sistema.

Con lo que no se puede estar conforme,- continúa la alocución de Bassols-. Porque no es agrarismo y porque no es nada, es con una situación en la que vemos a Gobernadores de los Estados, que se enriquecen hasta la ignominia, robando a los latifundistas y engañando a los campesinos, la inconformidad es con la estulticia convertida en institución social.

Es con el robo elevado a la categoría de principio revolucionario.

Es además inconformidad con el desorden y la falta absoluta de método, de sistema, que se traduce en una seria continúa de fracasos”

(Bassols, Narciso .Obras. F.C.E., 1979, primera reimpresión pp.49-51)

CAPÍTULO I

El albaceazgo de la sucesión intestada de Guillermo Hinzpeter a cargo de su viuda la señora Mercedes C. de Hinzpeter, se apersonó al procedimiento de dotación provisional del Ejido de Guadalupe por medio de Miguel R. Aguilar, quién inició las diligencias conducentes en calidad de gestor de negocios de la sucesión el 25 de noviembre de 1929, habiéndose convalidado plenamente su actuación en el procedimiento referido , en virtud del poder respectivo otorgado a su favor el día 28 del mismo mes y año.

La parte afectada alegó en su defensa que los solicitantes no se encontraban capacitados para recibir tierras en dotación , ofreciendo ante la autoridad competente la probanza que acreditara su aserto, misma que por lo demás fuera desahogada el 15 de marzo de 1930 con todas las formalidades que al efecto de la ley se exigieron.

La cartografía del Estado de Puebla no contemplaba la existencia del poblado de Guadalupe, y los solicitantes no constituían por ende un núcleo de población, sino un grupo de peones acasillados; mismos que por lo demás y a mayor abundamiento entraron durante la tramitación del procedimiento agrario en disposición de tierras disponibles para la explotación agrícola, ya que el 15 de octubre de 1929 accedieron como aparceros a 205 hectáreas que les habrían sido entregadas por el ayuntamiento de San Francisco Totimehuacan en los términos de lo dispuesto por la Ley de Tierras Ociosas del 28 de junio de 1920.

El 9 de enero de 1930, el supuesto poblado de San Diego Atoyatenmpan de la demarcación del municipio de Tecali de Herrera solicitó tierras en dotación, exactamente 6 meses después de que los supuestos integrantes del poblado de Guadalupe habrían hecho lo propio, publicándose dicha solicitud el 15 de julio de 1930 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

Hecho que resulta digno de consideración ya que el 11 de septiembre de 1933 se dictó la Resolución Provisional del caso, misma que resolvía en lo conducente que la solicitud planteada resultaba improcedente toda vez que en el Municipio de Totimehuacan nunca había existido el poblado de San Diego Atoyatempan.

La dotación solicitada por el supuesto poblado de san Diego Atoyatempan se tramitó mediante oficio de fecha 30 de diciembre de 1930 suscrito por el Presidente de la Comisión Local Agraria , destacándose por lo demás, que el radio de afectación levantado por las autoridades agrarias resultaba idéntico al respectivo para los solicitantes de tierras del supuesto poblado de Guadalupe.

Con base en lo resuelto el 11 de septiembre de 1933 en relación a la solicitud de dotación de tierras del supuesto poblado de san Diego Atoyatempan, puede muy bien deducirse que la invocación de poblados inexistentes constituyó una práctica común en la época en dicha zona, y crearía una presunción de validez para lo alegado por el representante de la sucesión de Guillermo Hinzpeter.

La Resolución Provisional de dotación de tierras a favor del Ejido de Guadalupe se emitió el 11 de junio de 1930 siendo Gobernador de Puebla Leonides Andrew Almazán, quién como máxima autoridad agraria en el Estado no reparó en el eventual carácter ficticio del poblado de Guadalupe; muy por el contrario, en la resolución del 11 de septiembre de 1933 las autoridades agrarias del Estado desestimaron la solicitud formulada por los supuestos pobladores de San Diego Atoyatempan sobre un radio de afectación idéntico al que correspondía a los solicitantes del supuesto poblado de Guadalupe, bajo un argumento demoledor; claro que para esas fechas, el Gobernador ya no era Andrew Almazán sino El General Mijares Palencia.

Es de destacarse que el 23 de julio de 1929 los solicitantes de tierras del supuesto poblado de Guadalupe no señalaron más predio afectable que el correspondiente a la Hacienda de San Bartolo Coatepec perteneciente a la sucesión de Guillermo Hinzpeter, sin embargo, la dotación definitiva ordenada en la Resolución Presidencial del 26 de junio de 1931 afectó adicionalmente a la porción de 205 hectáreas correspondientes a dicho predio, una superficie de 244 hectáreas de la Hacienda de San Diego Atoyatenco propiedad de Miguel R. Aguilar quién habría actuado en el procedimiento agrario conducente como representante de la sucesión de Hinzpeter , cabe destacar que para el 26 de junio de 1931 todavía era Gobernador de Puebla Leonides Andrew Almazán.

Respecto al hecho de que los solicitantes de tierras del supuesto poblado de Guadalupe fueran peones acasillados como lo alegó en su momento la representación de la sucesión de Hinzpeter, cabe destacar lo siguiente:

La tramitación de la solicitud de dotación de tierras por parte del supuesto poblado de Guadalupe, se inició el 23 de julio de 1929 y se tramitó en los términos de la ley del 11 de agosto de 1927, pese a que ésta había quedado derogada en virtud de la entrada en vigor de la Ley Agraria del 21 de marzo del propio año de 1929

Ambas legislaciones establecían que los peones acasillados carecían de Derecho a recibir dotaciones agrarias, siendo de especificarse que en el caso de la Ley del 21 de marzo, ésta contenía en su artículo 14 el siguiente precepto:

“ Se consideran peones acasillados para los efectos de la ley, aquellos individuos que recibiendo jornal o ración y jornal, presten servicio de manera permanente en fincas rústicas, ocupando casa de la propiedad del dueño de la finca, sin pagar renta”

La Ley en Vigor al momento de efectuarse el procedimiento establecía una presunción y un medio probatorio específico para determinar quienes carecían de Derecho a ser dotados de tierra, las autoridades competentes que realizaron el trámite respectivo lo hicieron con base en una ley derogada que no fijaba tales precisiones, con lo que se dificultó la idoneidad de la prueba en perjuicio de la parte afectada por una acción agraria, y por ende, en claro demérito de la garantía del “debido proceso legal”.

CAPÍTULO II

 

Derivado del incumplimiento de adeudos fiscales concernientes al impuesto predial en agravio del H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla; el Ciudadano recaudador de rentas de dicho municipio expidió mandamiento de embargo en contra de Guillermo Hinzpeter con fecha 24 de julio de 1933.

El procedimiento económico coactivo comenzó con la notificación y el embargo conducente del predio perteneciente a la sucesión del deudor y se siguió con el desahogo de siete almonedas, en la última de las cuales , ventilada el 2 de octubre de 1933, Elena Maurer viuda de Limón por conducto de su apoderado el abogado Luis Lozano Cardoso presentó una postura de $8,000 pesos.

La primera porción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec abracaba una superficie de 499 hectáreas , habiendo sido afectada en 205 hectáreas en virtud de la Resolución Presidencial del 26 de junio de 1931.

El 22 de noviembre de 1933 el notario número 4° de la Ciudad de Puebla, Roberto Hernández Ramírez, tiró la escritura número 3627 a favor de la susodicha Elena Maurer viuda de Limón, inscribiéndose el referido instrumento bajo el número 52 a fojas de la 59 V. A la 60 V del libro 1 Tomo XII Propiedad Mayor del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Tecali de Herrera.

Durante el lapso que transcurrió desde el 24 de julio de 1933 en que se emitió la orden de embargo por parte de la tesorería municipal de Tecali, hasta el día 1° de septiembre de ese mismo año , la actuación de la autoridad se ventiló en los términos de la Ley de Procedimiento Económico Coactivo para el Estado de Puebla de fecha 22 de julio de 1886, misma que, expresamente señalaba en su artículo III transitorio que su articulado no sería aplicable a las facultades que fuesen propias de los ayuntamientos en dicha materia.

A mayor abundamiento resulta digno de destacar , que el artículo 42 de la referida ley del 22 de julio de 1886 establecía por el contrario que las tesorerías municipales deberían ejercer sus atribuciones conducentes en los términos del Título XV Capítulo V del Libro II del Código de Procedimientos del 10 de septiembre de 1880 conocido como Código Béistegui.

La regulación de materias propias al procedimiento contencioso administrativo en el Código Procesal deja traslucir la influencia de la Doctrina Italiana en el Código Béistegui , considerado por lo demás como uno de los grandes monumentos legislativos del continente, junto al Código Civil Chileno de 1855 y las Constituciones Federales de 1953 de Argentina y de 1857 de México.

El célebre procesalista italiano Giussepe Chiovenda, señala al respecto:

“Tratándose del régimen jurídico italiano, la regla general es que en el proceso civil pudiese pedirse la actuación de cualquier voluntad de la ley, que garantice un bien, frente a los particulares y frente a la administración pública, a diferencia de lo que sucede con las leyes alemanas…

Hasta el año de 1865, estaba vigente en los distintos Estados italianos, instituciones similares al Contencioso Administrativo francés…

Al tenerse que proceder a la unificación administrativa del reino, se preparó una reforma sobre una base completamente distinta, siguiendo el concepto fundamental de que las cuestiones concernientes a derechos verdaderos y propiamente tales, aun cuando fuesen de naturaleza pública, de cualquier modo que aparezca interesada la administración, debían atribuirse a la jurisdicción ordinaria”

El Código Béistegui fue derogado en virtud del artículo segundo transitorio del Código de Procedimientos Civiles expedido el 25 de enero de 1901 y que entró en vigor el 1° de enero de 1902; cuerpo de leyes que no contaba en su articulado con disposición alguna referente a la materia que nos ocupa, por lo que para el 24 de julio de 1933, fecha en que se dictó orden de embargo afectando a la porción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec perteneciente a la sucesión de Guillermo Hinzpeter , no existía disposición aplicable al procedimiento económico coactivo que correspondiese ejercer a las tesorerías municipales.

El 1° de septiembre de 1933 entró en vigor una nueva Ley de Procedimiento Económico Coactivo que derogó a la del 22 de julio de 1886, misma que establecía en su artículo 1° transitorio que la misma sería aplicable a los asuntos que estuviesen pendientes de tramitación.

El artículo 108 de la ley del 1° de septiembre de 1933 establecía el procedimiento que tendrían que llevar a cabo los ayuntamiento para ejercer sus atribuciones en la materia, aun cuando resulta digno de considerarse que para el primero de septiembre del año en cuestión, no podría existir ningún procedimiento económico coactivo pendiente de tramitación por parte de ayuntamiento alguno en el Estado de Puebla por carecerse de ley aplicable al respecto, y, subsanar lo actuado entre el 24 de julio de 1933 y el 1° de septiembre de ese año mediante la aplicación ex post factum de la ley que entró en vigor ese mismo día tendría que constituir una total aberración jurídica.

Por su parte, el artículo 108 fracción III inciso B) de la referida ley del 1° de septiembre de 1933, establecía que los remates debían ser llevados a cabo conjuntamente por el tesorero municipal, el regidor de hacienda del ayuntamiento y el agente del Ministerio Público; en el caso del remate ventilado el 2 de octubre de 1933 en el que se le adjudicó a Elena Maurer viuda de Limón la totalidad de la porción de la Hacienda de san Bartolo que había pertenecido a la sucesión de Guillermo Hinzpeter, comparecieron tan sólo el Recaudador de Rentas de Tecali de Herrera: Francisco Vélez Mendoza, y el Agente del Ministerio Público : Marcelo San Martín; llevándose a cabo el acto de adjudicación sin la presencia exigida por la ley del Regidos de Hacienda del ayuntamiento en cuestión.

La adjudicación a favor de la Señora Elena Maurer viuda de Limón se llevó a cabo en una séptima almoneda , situación que no deja de llamar poderosamente la atención ya que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley del 22 de julio de 1886 y que fue la que se invocó durante las primeras diligencias del procedimiento de embargo en cuestión, en caso de no presentarse postor a una sexta almoneda los bienes objeto del remate tendrían que haberse adjudicado al fisco.

Ciertamente, el artículo 78 de la ley del 1° de septiembre de 1933, establecía que se convocaría a nuevas almonedas sin límite hasta hallarse al comprador adecuado, sin embargo, el propio artículo 80 de la ley en cuestión establecía que cuando el precio ofrecido por el postor fuese el mínimo indispensable para cubrir el adeudo fiscal entonces el bien tendría que ser adjudicado al fisco.

El propio artículo 78 establecía que entre cada almoneda tendrían que mediar 7 días y que entre cada una de ellas habría un descuento de 10% sobre la postura legal anterior; si el 2 de octubre de 1933 Elena Maurer viuda de Limón presentó una postura de $8,000.°° pesos, ello implica que entre 7 y 11 días previos a esa fecha, tomando en cuenta los días feriados, tuvo que haberse llevado a cabo una sexta almoneda con una postura legal de $8,800.°° pesos; y por lo consiguiente entre 7 a 11 días previos a la referida sexta almoneda, alrededor del 10 de septiembre de ese año tuvo que haberse llevado a cabo la quinta almoneda bajo una postura de $9:680.°° pesos.

La cuarta almoneda debió llevarse a cabo alrededor del día 29 de agosto con sujeción a lo dispuesto por la Ley del 22 de julio de 1886, misma que señalaba en su artículo 25 que el plazo entre cada almoneda debía tener una duración no de 7, sino de 9 días, y remetía para fijar los respectivos descuentos de las pujas subsiguientes a lo dispuesto por el artículo 667 del Código de Procedimientos de 1880.

El numeral invocado establecía en lo conducente que la postura legal en la primera y segunda almoneda debía ser equivalente a las tres cuartas partes del adeudo, la tercera a la mitad y la cuarta al 25%; partiendo de la regla consignada en el artículo 78 de la ley del 1° de septiembre de 1933, la postura legal para la cuarta almoneda tuvo que ascender a la cantidad de $10,684.°° pesos.

De conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 667 del Código Béistegui en el sentido de que la postura legal en una cuarta almoneda tendría que tener como equivalente la cuarta parte del adeudo ; el correspondiente a la sucesión de Guillermo Hinzpeter con la Tesorería Municipal de San Francisco Totimehuacan habría ascendido a la suma de $42,592 pesos

Dado lo anteriormente expuesto, resulta claro a las vistas que, ante la postura de $8,000.°° pesos presentada por Elena Maurer viuda de Limón el 2 de octubre de 1933, lo que resultaba conducente en los términos ya referidos del artículo 80 de la Ley de Procedimiento Económico Coactivo para el Estado de Puebla del 1° de septiembre de 1933 era declarar desierta la amoneda en cuestión y adjudicar a favor del fisco municipal el bien perteneciente a la secesión de Guillermo Hinzpeter, al menos por lo que hace a la parte que no fue afectada para la constitución del Ejido de Guadalupe mediante Resolución Presidencial .

La Hacienda de San Bartolo Coatepec, había sido vendida el 29 de enero de 1924 por el esposo de la Señora Elena Meurer de Limón, Claudio Limón Seguí a Francisco del Razo, mediante escritura tirada ante la fe de Laureano Cabrera Robles, constituyéndose en dicho documento una hipoteca a cargo del adquirente y a favor del vendedor.

Meses antes de haberse tirado la escritura que acreditaba a Francisco del Razo como legitimo adquirente de la Hacienda de San Bartolo, el 11 de agosto de 1923, ésta había vendido a Guillermo Hinzpeter una porción de 499 hectáreas de la referida hacienda por la suma de $30,000.°° , asumiendo el comprador la parte proporcional correspondiente a la hipoteca que pesaba sobre el referido bien.

El procedimiento económico coactivo incoado por la Tesorería Municipal de San Francisco Totimehuacan el 24 de julio de 1933 , constituyó un subterfugio para que la viuda del dueño original del predio mayor en cuestión , recuperase la primera porción del mismo sin necesidad de emprender la acción hipotecaria conducente, recuperación que incluiría por lo demás , la proporción del predio en cuestión que habría sido afectada mediante Resolución presidencial del 26 de junio de 1931 para la conformación de el Ejido de Guadalupe.

COLOFÓN

El 20 de diciembre de 1937, Elena Maurer viuda de Limón le vendió a Francisco Limón Lascuarain la primera fracción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec que consta de una superficie de 499 hectáreas según se consigna al efecto en la escritura número 3627 de fecha 22 de noviembre de 1933; escritura, conforme a la cual, formarían parte integrante del predio en cuestión 205 hectáreas que habrían sido afectadas para la dotación del Ejido de Guadalupe en virtud de la Resolución Presidencial Definitiva del 26 de junio de 1931.

El 3 de septiembre de 1940, Limón Lascurain le vendió a Roberto Lozano una superficie de 14 hectáreas segregadas del predio materia de la presente disquisición, quién por su parte la enajenó a favor de su progenitora la señora Epifanía Madrid Roldán el 15 de enero de 1952.

Epifanía Madrid Roldán viuda de Lozano, falleció a la 11 horas con 30 minutos del 28 de agosto de 1966 pese a que en el acta de defunción respectiva se haya consignado la 1 con 20 minutos del 29 de agosto como momento del deceso; por lo demás, la misma acta señala como lugar del deceso el Sanatorio del Magisterio de la Ciudad de Puebla, aun cuando en los archivos del referido nosocomio no existe constancia , ni del ingreso , ni de la estancia como interna de Epifanía Madrid Roldán viuda de Lozano el día 29 de agosto de 1966; por lo demás, el referido documento consigna como etiología del deceso, una causa fulminante de muerte como sería la conjunción de una hemorragia interna y el aneurisma disecante de la arteria aorta.

La escritura número 6442 de fecha 29 de agosto de 1966, tirada ante la fe de Gustavo Martínez Solano, notario público número 12 de la Ciudad de Puebla, consigna que Epifanía Madrid Roldán viuda de Lozano, vendió en esa misma fecha el predio de su propiedad a las señores Carlos, José y Rosario todos de apellidos Lozano Pérez; nietos de la interfecta por quienes sentía manifiesta animadversión , dados los desencuentros matrimoniales de su madre con el hijo de la occisa Roberto Lozano; instrumento en el que se consigna que la suscripción del mismo se llevó a cabo en las instalaciones del Sanitario del Magisterio de la Ciudad de Puebla, y en el que consta la huella dactilar de Epifanía Madrid Roldán viuda de Lozano, quién, por lo demás, solía rubricar todos sus documentos.

La escritura 6442 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tecali de Herrera el 11 de octubre de 1966, bajo el número 168 a fojas 88 Tomo 213 del Libro 1 a folios del 205 al 208 Título 901 del Libro Quinto; el predio que se consigna en el instrumento en cuestión fue adquirido al pasar de los años por Gustavo Martínez Solano quién inscribió el título de su adquisición en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Puebla , vendiéndolo por su parte con posterioridad al Gobierno del Estado de Puebla; sobre una porción del mismo, hoy por hoy se extiende el “Hospital General Eduardo Vázquez” y el “Club Deportivo Alpha 4”

En el año de 1964 fue reasignada a la competencia del distrito judicial con cabecera en el Municipio de Puebla una extensa zona que habría estado comprendida hasta esos momentos dentro de la jurisdicción del Registro Público con cabecera en Tecali , dentro de la zona reasignada se encontraría la superficie de la primera fracción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec; sin embargo, pese a que en virtud del Decreto en cuestión se abrieron las partidas registrales conducentes en la oficinas del Registro Público en Puebla , las correspondientes no fueron canceladas en Tecali, ocasionando con ello que la historia de transmisión y causahabiencia de un sinnúmero de predios se haya desenvuelto por partida doble.

Existen a la fecha predios que cuentan con escrituración doble, documentos que por lo demás, acreditan, cada uno de ellos por su parte , que los que los ostentan como títulos de propiedad la han adquirido de quienes aparecen inscritos en términos de ley como los únicos antecesores de quienes legítimamente podría haberse adquirido el bien en cuestión.

Resulta claro por lo demás, que las inscripciones efectuadas en contravención al Decreto de 1964 resultarían afectadas de nulidad por contravenir una disposición de orden público, sólo que, declarar la nulidad conducente corresponde en exclusiva a las autoridades judiciales tras un proceso judicial que se antoja largo , complicado , y lleno de aristas; así por ejemplo, en el caso de las 499 hectáreas que conforman la primera fracción de la Hacienda de San Bartolo Coatepec , cabría ventilar en los juicios a seguirse la nulidad de la escritura del 22 de noviembre de 1933 de la que se derivan todas las subsiguientes hasta nuestros días.

En Roma, la delimitación de las superficies era considerada sagrada , la falta de reverencia ante el “Dios Término” por parte de Remo al cruzar una de las líneas de delimitación de la “Civitas”, ocasionó que fuera ejecutado por su hermano Rómulo, primer Rey de la Ciudad Eterna; entre nosotros , por el contrario, las colindancias que delimitan la propiedad inmobiliaria han perdido todo respeto y consideración.

Consorcios de cobertura nacional en el ramo de la construcción como “ARA” o “GEO”, así como compañías locales como Kratos, IVI, JV, o Saitn Germain; expanden sus desarrollos por la zona sur de la ciudad de Puebla , en donde, como en la novela de Rómulo Gallegos, “Doña Bárbara” ; “durante la noche caminan los linderos de El Miedo”.

 

 

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