/López Vega se convirtió en el primer preso político de Barbosa, da continuidad a la persecución y prácticas morenovallistas:Comité de Presos Políticos; demandan su pronta liberación

López Vega se convirtió en el primer preso político de Barbosa, da continuidad a la persecución y prácticas morenovallistas:Comité de Presos Políticos; demandan su pronta liberación

El ambientalista Miguel López Vega, fue detenido al salir de una reunión el pasado 24 de enero de la Secretaría de Gobernación que encabeza de manera reciente el morenista David Méndez Márquez, funcionario que se dice de izquierda y quien lamentablemente reproduce la peores prácticas de malversación de la justicia en el estado vividas en el morenovallismo.

Marisol Córdoba @solmari676

Así lo condenaron los activistas integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, tras la detención del defensor Miguel López Vega, al salir de una reunión en la Secretaría de Gobierno estatal que encabeza David Méndez Márquez.

Convirtiéndose así el defensor de el río Metlapanapa en la región de Juan C Bonilla  en el primer preso politico del gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, lamentaron  los activistas, esto al exigir al gobierno su pronta liberación.

“Miguel López Vega se agrega a la omisión por parte del gobierno estatal que estamos denunciando, y la exacerba: estamos atestiguando la configuración del
primer expediente judicial en contra de un opositor, el primer preso político del gobierno estatal
poblano, y lamentamos mucho que en esta causa estén implicados funcionarios que se dicen de
izquierda, como David Méndez Márquez. Demandamos por lo tanto que no se judicialice la protesta
social y se libere a Miguel López Vega en los términos que dicta la ley”, demandaron los integrantes del comité encabezado por la activista y académica Carolina González Barranco.

A tan solo unos días de su arribo a la Secretaria de Gobernación, David Méndez Márquez lleva un record negativo con una mala actuación  para el diálogo y que se le saliera de control la manifestación de pobladores en Amozoc ahora es señalado  por los activistas de simular que representa a un partido de izquierda pero reprimi igual que en los sexenios morenovaliistas, con la ayuda entonces del ahora ex Fiscal Víctor Carrancá, función de la que ahora se encarga Gilberto Higuera que de acuerdo  a lo que ha trascendido es el elegido para oontinuar en el cargo de la Fiscalía General de Justicia cómo el titular de la dependencia, agregaron.

Los activistas detallaron  que el pasado 24 de enero, el activista Miguel López Vega se reunió con con compañeros suyos para informar al director general de Gobierno, Víctor Flores, del resultado obtenido en el ejercicio del derecho colectivo de su comunidad a adoptar usos y costumbres para la designación de autoridades. Esta acción de fuerza no hace sino crispar la tensión existente por la oposición de esta comunidad a la obra de vertido de drenaje en el cauce del río Metlapanapa, oposición de la que Miguel López participa activamente, narraron en la conferencia de medios que encabezaron este domingo.

“Un gobierno que se dice de izquierda, está de esta manera, dando continuidad a las
acciones del morenovallismo; parece manifestarse incapaz de privilegiar el diálogo, transparentar susproyectos ante sus gobernados y buscar soluciones conjuntas”, sentenciaron.

A continuación el comunicado:

El pasado 5 de diciembre de 2019, el Fiscal General del Estado con licencia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del Estado de Puebla; los representantes populares la aceptaron sin objeciones y el ejecutor de la mayor represión social de que se tenga memoria en Puebla, envilecedor de toda noción de procuración de justicia, desvencijador de la institución a su cargo y el mejor garante de la impunidad hacia la criminalidad en el estado ha salido por la puerta principal sin problema alguno.
Cierto es que todo servidor público tiene el derecho de separarse de su cargo en el momento que lo
desee, empero, los poderes del estado que se encuentran a cargo de aceptar dicha separación están obligados a evaluar su desempeño público; en caso de permitir su salida sin ningún tipo de rendición de cuentas, revisión o auditoría sobre su paso al frente de una institución, podrían suscitarse acciones de complicidad al dejar expedientes “limpios” de servidores que acumulan innumerables conductas públicas de corrupción, arbitrariedad y aun aquellas que podrían ser calificadas de delictivas.
La falta de evaluación del servicio prestado por funcionarios está dando lugar a que verdaderos
ejemplares de corrupción y cinismo político busquen obtener un premio por su desempeño. Claro
ejemplo son el del ex presidente de la CEDH, Adolfo López Badillo, quien aspiró a encabezar la
Comisión Nacional de Derechos Humanos; o del ex presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga,
aspirante a un cargo de magistrado en el Tribunal Electoral Federal; ambos, después de los
deleznables papeles desempeñados al frente de esas instituciones locales.
Carrancá Bourguet llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en febrero de
2011; convertida en Fiscalía; fue ratificado como titular hasta diciembre de 2022. Sin embargo, durante el desempeño de su función, Carrancá deformó el concepto de procuración de justicia; en su lugar, ejerció a tono con los gobiernos autoritarios a los que sirvió, concentrando el poder de la Fiscalía al servicio del poder en turno, encubrió sin recato los oscuros intereses del morenovallismo, y convirtió a Puebla en un laboratorio donde se fabricaron expedientes delictivos para someter y acallar a la disidencia política, poniendo la infraestructura institucional y sus recursos humanos y materiales al servicio de la represión.
Los caprichos del gobernante marcaron la pauta del actuar de la institución que él encabezaba. Así,
lejos de ser la brutal incidencia delictiva, la extracción ilegal de hidrocarburos, o los feminicidios sus
pendientes por resolver, la prioridad fue lograr el silencio de todas las voces disidentes, de todos
aquellos actores o movimientos organizados que pudiesen hacerle contrapeso.
Lejos de corregir, en las últimas 72 horas, en el ejercicio de quien sustituye a Carrancá como
encargado de despacho en la Fiscalía Estatal, Gilberto Higuera, designado por el gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta, estamos atestiguando una preocupante y lamentable reproducción de las
peores prácticas de malversación de justicia en el estado vividas en los sexenios pasados. El viernes 24 de enero del presente, fue aprehendido Miguel López Vega, al salir de una reunión en la Secretaría de Gobierno estatal que encabeza David Méndez Márquez. López Vega es autoridad comunitaria de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, y se había reunido junto con compañeros suyos para informar al director general de Gobierno, Víctor Flores, del resultado obtenido en el ejercicio del derecho colectivo de su comunidad a adoptar usos y costumbres para la designación de autoridades.
Esta acción de fuerza no hace sino crispar la tensión existente por la oposición de esta comunidad a la obra de vertido de drenaje en el cauce del río Metlapanapa, oposición de la que Miguel López participa activamente. Un gobierno que se dice de izquierda, está de esta manera, dando continuidad a las acciones del morenovallismo; parece manifestarse incapaz de privilegiar el diálogo, transparentar sus proyectos ante sus gobernados y buscar soluciones conjuntas.
Este Comité exige al Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al Congreso, al Auditor Superior y a la Secretaría de Gobernación, manifiesten una postura clara frente al desempeño público que tuvo Víctor Carrancá al frente de la Procuraduría y Fiscalía del Estado, y si les mereciera alguna revisión su paso al frente de la misma y la situación jurídica, material y financiera en la que la dejó al concluir su cargo.

No los únicos, pero bastante representativos de su proceder autoritario, arbitrario y fuera de toda
legalidad, son los casos reivindicados por este Comité:
• Néstor López, quien fue reprimido por dar like a una página de facebook que sugería realizar una
protesta pacífica contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita a la capital con motivo del primer desfile al cual él asistiría en tiempo de Moreno Valle, ese hecho le valió haber sidolevantado, torturado y procesado.
• Enedina Rosas Vélez, presa por negarse a firmar los papeles de los ejidatarios que representaba en San Felipe Xonacayucan, su firma validaría el hecho que bajo sus tierras pasara un ducto que
transporta gas metano en una zona de peligrosidad volcánica.
• Adán y Paul Xicale, presos por defender el patrimonio cultural de Cholula.
• Francisco Castillo Montemayor, preso por cuestionar las acciones en materia ambiental del entonces mandatario estatal.
• Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” quien, al negarse a entregar la organización de ambulantes que
lidera, fue víctima de una terrible persecución que lo alcanzó a él, a su familia y miembros de la
organización a quienes se les privó de la libertad, sumando además los actos de intimidación a otros integrantes de su familia, así como la aún no esclarecida muerte de Meztli Sarabia Reyna, en junio de 2017.
Entre los miembros de este Comité contamos, también, con la amarga experiencia de los
allanamientos y la arbitraria detención y proceso aún abierto que padecen los más jóvenes de nuestros integrantes con la intención de relacionarlos con actos terroristas en medio de un contexto electoral.
No son sólo estos casos, en total nosotros documentamos, a lo largo de estos años, más de 350
personas entre perseguidos, procesados y presos que pusieron en evidencia el cómo la Fiscalía se
doblegó hacia intereses facciosos ajenos a su institucionalidad.
Cabe señalar que de los ejemplos referidos, todos alcanzaron la absolución; es decir, se demostró
judicialmente que en realidad nunca existió delito que perseguir, sino que se pasó encima de la ley
para fabricar procesos penales. ¿Cómo es posible que con tales “joyas de servicio público” que fueron del dominio público de los poblanos, conocidos a nivel nacional y documentables en los archivos de la misma Fiscalía, ahora resulte que, quien fuese el responsable ejecutor de todas esas tropelías, renuncie al cargo y se le acepte la renuncia como si no hubiese ocurrido nada anómalo en su gestión?
Nos parece muy grave que el gobernador hubiese manifestado, luego de su renuncia, “No conozco
circunstancias relacionadas con su desempeño”.
Consideramos que, como cualquier otro servidor público, el exfiscal Carrancá está obligado por
mandato de la ley a rendir cuentas de su gestión y asumir las responsabilidades que deriven de sus
actos al frente de esas instituciones; en consecuencia, las autoridades están en el deber de exigir esas cuentas sobre su actuación como servidor público. Sería una incongruencia, conocida públicamente la malversación de los bienes propios e incautados en la institución que tuvo lugar durante su gestión, así como el desmantelamiento institucional advertido por el actual encargado de despacho al tomar posesión; que no se exija, por lo menos, una auditoria a la gestión de Carrancá.
La aprehensión y procesamiento judicial de Miguel López Vega se agrega a la omisión por parte del
gobierno estatal que estamos denunciando, y la exacerba: estamos atestiguando la configuración del primer expediente judicial en contra de un opositor, el primer preso político del gobierno estatal
poblano, y lamentamos mucho que en esta causa estén implicados funcionarios que se dicen de
izquierda, como David Méndez Márquez. Demandamos por lo tanto que no se judicialice la protesta
social y se libere a Miguel López Vega en los términos que dicta la ley.
El Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla reitera su
convocatoria pública a todas aquellas personas que se hubiesen visto afectadas por la actuación
anómala de la Procuraduría/Fiscalía durante el tiempo en que Víctor Antonio Carrancá Bourguet fue
titular, para que presenten ante las instancias legales correspondientes las denuncias por hechos que hayan tenido apariencia de delitos cometidos por los servidores públicos de esa dependencia u otras, a fin de colaborar en la restauración del Estado de derecho en Puebla.
Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.
26 de enero de 2020.

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