• dom. Abr 18th, 2021

Antena 21

Periodismo Independiente

FGE Puebla mantiene en el cajón denuncia de Castillo Montemayor contra morenovallistas que lo encarcelaron

En un comunicado el Comité  para la Libertad de los Presos Políticos contra la Represión Social en Puebla pidieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla que encabeza Gilberto Higuera Bernal de  celeridad a la denuncia que presentó el ex titular de Medio Ambiente durante la gestión de Mario Marín, desde ya hace más de un año contra sus persecutores que lo encarcelaron durante la gestión del extinto Rafael Moreno Valle Rosas.

Marisol Córdoba @solmari676

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, exigió al gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta se acelere la denuncia contra los involucrados en su detención durante la gestión del ex tinto mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas.

Así lo denunciaron en un comunicado que enviaron en el que detallaron que  el ex titular del Medio Ambiente interpuso hace más de un año una denuncia contra todos los que resulten responsables de su detención por el delito de peculado, el pasado 15 de Noviembre del  2016, cuando se encontraba con su familia, días después de criticar la depredación y desvalijamiento  de la entonces administración morenovallista contra el Parque Flor del Bosque.

A continuación el comunicado:

Se ha cumplido un año desde que Francisco Castillo Montemayor interpuso una denuncia contra todos aquellos que se encuentran involucrados en el proceso de elaboración y ejecución de su detención, aquel 15 de noviembre de 2016 bajo el cargo de peculado, atribuido a su período como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Esta persecución fue la consecuencia de las críticas que Castillo hizo por la depredación y desvalijamiento del Parque Estatal Flor del Bosque, de su Centro de Educación Ambiental certificado por el CECADESU de la SEMARNAT, la desaparición de las computadoras, equipos de proyección y la esfera donde se proyectaba la imagen de la tierra, captadas por los satélites de la NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE (NOAA) que se utilizaban para dar educación principalmente a niños sobre temas de contaminación atmosférica y cambio climático, así también como al  nulo compromiso del gobierno por preservar el medio ambiente y los recursos naturales.  Así llegó a una celda que jamás debió pisar, en principio por la inexistencia del cargo atribuido y posteriormente por la edad que en ese momento ostentaba y que le hubiese permitido librar su proceso bajo la figura del arraigo domiciliario.  Sin embargo, el encono del entonces mandatario estatal arrojó a Castillo Montemayor a vivir un episodio que permite reflejar otra de las grandes injusticias del país, la realidad de los “Centros de Reinserción Social” y el miedo que se ejerce desde dentro de ellas.

Ahora bien, debido al detrimento de su salud, Castillo logró el arraigo domiciliario el 12 de abril de 2017, para el 1 de septiembre de ese mismo año se le dictó auto de formal libertad y el 22 de febrero de 2018 fue exonerado de aquello que la Controlaría Estatal le atribuyó.

Castillo Montemayor fue un servidor público que no sirvió a un gobierno en particular, se caracterizó por el dominio de su función y es así que todo lo que estuvo bajo su mando se convirtió en motivo de referencia sobre el cuidado y manejo del medio ambiente no solo en el país sino en América Latina, tal como fue en su momento Flor del Bosque.

Con estos antecedentes y teniendo como referencia una trayectoria limpia ¿por qué recibir un escarmiento de esa magnitud?¿Cuál era el mensaje que desde el titular del estado se quería demostrar a quienes no se alinearan a sus caprichos?

Todos sabemos que la disidencia y la crítica durante el morenovallismo fue motivo de persecución y privación de la libertad, no solo para Castillo, ejemplos hay muchos, pero solo por citar algunos podemos referir el caso de Enedina Rosas Vélez ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan quien llevó la voz de sus representados ante la negativa de venta de sus tierras para colocar el gasoducto que es parte del proyecto Integral Morelos; los Primo y Xicale, quienes fueron y encarcelados por negarse a los proyectos de “desarrollo” que terminarían afectando la base de la milenaria pirámide de Cholula y atentando contra su identidad cultural; Delfino Flores Melga, hombre nonagenario que al defender un predio, terminó confinado sus últimos días en una celda, sufriendo un accidente que le costaría la vida; por supuesto Chalchihuapan y la brutal represión que sufrió cuando la población se negó a acatar las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal… éstos solo por señalar algunos casos, con certeza mención aparte fue el deseo de control y/o destrucción que sufrió la  Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, de quienes es importante señalar, Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna interpuso también una denuncia el 8 de noviembre de 2017, por lo cual se programó su judicialización para la fecha del 7 de noviembre de 2019, en la casa de justicia de Puebla, sin embargo la Juez de Control decidió no celebrar dicha audiencia y diferirla sin que hasta el momento se haya asignado fecha y hora, tema del cual se informará posteriormente.

El presente Comité documentó más de 47 presos durante el sexenio de Moreno Valle, de los cuales 28 fueron absueltos, sumando además las ordenes de aprehensión libradas, intimidados y procesados que en conjunto arrojaron la cifra de 362 personas.

Ahora bien, es importante que cada dependencia y los funcionarios que en ella se desempeñan tengan claro las funciones que deben ejercer y no utilizar el poder que se les confiere para crear o ejecutar acciones que contravengan aquello para lo que fueron dispuestas, es así como para Castillo y para todos aquellos que han sido exonerados y/o a quienes se les atribuyeron cargos como medida de sanción gubernamental exista un urgente acceso a la justicia, ésto a través de la responsabilidad atribuible a todos aquellos que estuvieron involucrados en su proceso, que va más allá de la separación de su cargo, sino de una auténtica rendición de cuentas que conlleve a todas las consecuencia jurídicas que de su actuar resulten.

Es así como exhortamos al gobierno del Estado para que a agilice a través de las instituciones pertinentes esta impartición de justicia entendida no solo como un reconocimiento de la exoneración, sino como el atribuir responsabilidades y las sanciones que la ley determine para todos los que hicieron malversación de la ley y ejecución a modo.

No debe existir cabida para que las personas involucradas se retiren de sus cargos sin mayor consecuencia o que sigan desempeñando las mismas funciones sin aplicarles alguna sanción por sus actos, o peor aún, que se les asigne puestos de mayor relevancia; o en el peor de los escenarios que quienes hoy ejercen y/o vigilan la impartición de “justicia” posean antecedentes que evidencien su falta de ética profesional.

El silencio y la omisión es complicidad, esperamos un actuar responsable y auténticamente comprometido con un genuino sentido de justicia que pueda garantizar y sembrar precedente, para que este tipo de acciones dejen de replicarse.

 

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